Elección social, participación y representatividad

El Juicio Mayoritario es una nueva teoría de elección social aplicable a todas las decisiones colectivas, establecida por los investigadores del CNRS Michel Balinski y Rida Laraki a partir de 2006. Al adoptar una perspectiva completamente nueva de votación para intentar responder al teorema de la imposibilidad de Arrow, resuelve las paradojas de la elección señaladas por Condorcet y Arrow. El votante vota evaluando a todos los candidatos individualmente, usando una escala de puntuación común y ordinal (por ejemplo, Muy bueno, Bueno, Bastante bueno, Justo, Insuficiente, Rechazar). El candidato que gana las elecciones es el que mejor evalúa la mayoría del electorado. Al darle al votante la oportunidad de expresar completamente sus opiniones, el juicio mayoritario pone fin al «voto útil» (o voto estratégico) y podría hacer que el voto en blanco sea obsoleto. En Francia, pero también en el extranjero, múltiples experimentos ya han permitido probar el potencial del método. El juicio mayoritario está ganando popularidad y es utilizado por partidos políticos, como sindicatos, empresas, escuelas y asociaciones. Veremos cómo el Juicio Mayoritario puede ayudar a restaurar la legitimidad de la democracia representativa, pero también sirve para desarrollar una democracia directa y participativa a escala local y nacional.

Internet, y la información que circula a través de redes sociales, sistemas de mensajería y otras plataformas digitales ha producido cambios estructurales en las dinámicas por las que la información se produce, selecciona, consume y disemina. El aumento y la diversidad de «oradores» en línea, la falta de gate-keepers tradicionales, así como la desaparición o reemplazo de mecanismos y estándares destinados a asegurar ciertos niveles de calidad, sumado al filtrado y operaciones algorítmicas, entre otros elementos, hacen que los juicios y evaluaciones sobre la calidad de la información en el mundo digital sea cada vez más desafiante.

Esta presentación propone indagar sobre la intersección entre calidad de la información, sistemas algorítmicos y libertad de expresión, y cómo estas tecno-dinámicas pueden habilitar o restringir los procesos democráticos y los derechos de las personas.

Se propone un nuevo sistema de representación democrática. Cualquier votante puede elegir a cualquier legislador como su representante; así, diferentes legisladores pueden representar diferentes números de votantes. Las decisiones en la legislatura se toman por votación por mayoría ponderada, donde el peso de cada legislador está determinado por el número de votantes que representa. Demostramos que, si el tamaño del electorado es muy grande, entonces, con una probabilidad muy alta, las decisiones obtenidas en la legislatura concuerdan con las que hubieran sido alcanzadas por un referéndum popular decidido por simple mayoría de votos.

El filósofo John Danaher denomina “Algocracia” al tipo específico de sistema de gobernanza, estructurado y organizado a partir de sistemas algorítmicos programados por computadora. Se trataría de un fenómeno que el filósofo caracteriza como “el uso del minado de datos (data mining), así como la analítica descriptiva y predictiva para limitar y controlar el comportamiento humano”. Su presupuesto de base es que eliminar la participación humana en la toma de decisiones a través de procedimientos algocráticos, incidiría decisivamente en la eliminación del prejuicio que a menudo perturba las decisiones políticas y contribuiría al objetivo de superación de los problemas prácticos que la relación entre la ética y la política manifiesta. Ello sería la causa de que las decisiones políticas de las autoridades reciban cada vez más severos cuestionamientos por parte de la ciudadanía dada su falta de probidad y su distanciamiento de las normas y los principios morales. Habría, sin embargo, dos cuestiones político-morales importantes que considerar y que están vinculados con la algocracia: el problema del ocultamiento (la manera en que los datos procesados por los sistemas algorítmicos son obtenidos y utilizados) y el problema de la opacidad (la dificultad de comprensión general bajo la cual operan estos sistemas). Por otra parte, habría que pensar también en un problema que se puede definir como aquel referido a la validez y la responsabilidad del proceso algorítmico. En este sentido, parece importante prestar atención a cuestiones tales como, por citar un solo ejemplo, la ausencia de un marco normativo a partir del cual exigir una “rendición de cuentas” a los sistemas algorítmicos. El filósofo David Estlund ha advertido respecto de los peligros éticos de un poder político sostenido únicamente en sistemas informáticos y un conocimiento de expertos (epistocracia), eventualmente propenso a la concentración del poder únicamente en aquellos grupos selectos que hayan podido alcanzar una formación de excelencia. Por su parte, Cathy O’Neil, con intención crítica, parafraseando una ya antigua y políticamente problemática fórmula enunciativa, ha definido a los sistemas algorítmicos como “armas de destrucción matemática”.

En los últimos años, la idea de atraer a los miembros de diferentes asambleas involucradas en el proceso de toma de decisiones políticas ha vuelto notablemente en el debate público. Muchos teóricos, pero también actores políticos, consideran el sorteo como uno de los posibles métodos de respuesta a la aguda crisis de legitimidad experimentada por las democracias representativas. Numerosos experimentos ya han hecho posible, tanto a nivel local como a nivel nacional, probar los potenciales, así como los límites de este método alternativo para nombrar representantes. Una primera evaluación de estas experiencias (Canadá, Islandia, Irlanda, Francia…) plantea la cuestión de la efectividad y la legitimidad del sorteo en el mundo contemporáneo, muy diferente de la de Atenas en el siglo V antes de Cristo que a menudo sirve como referencia para las prácticas actuales. El experimento actual de la Convención Ciudadana sobre el Clima en París, servirá como el principal ejemplo para la demostración.

Las elecciones a la presidencia de la República son uno de los eventos más estructurantes en los sistemas políticos de Chile y de Francia y, a la vez, son los que generan una de las más altas coberturas mediáticas en ambos países. No obstante, el importante crecimiento en el acceso a internet, el rol principal de la televisión en estos procesos eleccionarios se puede constatar tanto por la significativa audiencia y cobertura que realiza respecto de dichos eventos políticos, como por el interés permanente de la discusión pública respecto al pluralismo y a la regulación de la televisión en contextos electorales.

Sin embargo, la normativa de regulación de la TV en ambos países difiere notablemente. Mientras Francia cuenta con un sistema que norma el conjunto de la difusión televisiva y radial en períodos electorales, incluyendo los noticiarios centrales, matinales, spots de campaña y otros, en Chile la regulación efectiva respecto del pluralismo político se limita casi exclusivamente, a la franja televisiva. Esta diferencia nos llevó a preguntarnos por los “efectos” de dos sistemas tan distintos en la distribución de la palabra y la imagen de los y las candidatas presidenciales en los noticiarios centrales.

Por otra parte, en la medida que la Franja Televisiva en Chile y los Spots de Campaña en Francia condensan las culturas mediáticas y políticas de ambos países, nos interesó comparar cómo se resuelve simbólicamente lo local y lo universal cuando se trata de  conceptos e imágenes tales como “izquierda”, “centro” o “derecha”, “política” o “apolítica”, “historia” o “presente”, así como cuáles son, o no son, los temas pertinentes de los programas, entre otros. Lo que presentamos son algunos resultados de la investigación binacional PICs, financiada por el CNRS de Francia, titulada Télévision, pluralisme et élections Approches comparées des campagnes présidentielles en France et au Chili (2012-2017), realizada en conjunto por el Laboratorio Cultura Mediática de la FACSO y el Laboratoire Communication et Politique del CNRS de Francia, entre los años 2016 y 2018.